Motor de la nueva economía

La reutilización de contenidos titularidad de la administración pública en el marco de la e-administración

Indice:

  1. Introducción
  2. Reutilización de la información del sector público (ISP) | Especial referencia a la Directiva 2003/98/CE.Las condiciones de reutilización (tarifas y licencias).
  3. Trasposición de la Directiva 2003/98/CE a los Estados Miembros de la Unión Europea.
  4. La reutilización en el ordenamiento jurídico español.
    • Compatibilidad con el resto del ordenamiento jurídico.
    • Una crítica constructiva.
  5. Normas del nuevo paradigma
  6. Anexo 1: Texto de la Directiva 2003/98/CE


Contrato Coloriuris

INTRODUCCIÓN

En un sentido amplio «la e-administración, o administración electrónica, refiere cualquier mecanismo que transforma las oficinas tradicionales, convirtiendo los procesos en papel, en procesos electrónicos, con el fin de crear una oficina sin papeles. Ésta es una herramienta que se utiliza para mejorar la productividad y simplificación de los diferentes procesos del día a día que se dan en las diferentes organizaciones.»(1)

Sin embargo, cuando – en el ámbito jurídico – nos referimos a la e-administración estamos aludiendo a un concepto más restringido del término, referido unicamente a la administración pública. Así, el concepto e-administración comprende los procedimientos administrativos perfeccionados, en todo o en parte, por medios electrónicos.

Son varios los objetivos perseguidos con la implantación de la e-administración; desde el ahorro en papel, con la consiguiente contribución a la defensa del medio ambiente, a la mejora en la eficiencia en la gestión de los poderes públicos, pasando por el acercamiento de la administración pública al ciudadano – eliminando las barreras geográficas – o el fomento de la transparencia en el sector público.

Junto a estos objetivos, que podríamos denominar «primarios» se dan otros objetivos – que llamaremos «secundarios» – y que responden al principio, generalmente admitido, de que los poderes públicos deben erigirse en locomotora de la sociedad de la información y contribuir a la generación de riqueza más allá del rol de gestores de los intereses públicos.

Es, desde este enfoque, desde el que debemos considerar el concepto de reutilización de la información titularidad de los poderes públicos.

REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (ISP) | ESPECIAL REFERENCIA A LA DIRECTIVA 2003/98/CE.

El concepto reutilización viene ligado, desde el último tercio del siglo XX, al concepto «reciclaje», entendiendo por tal el proceso mediante el cual productos de desecho, son nuevamente utilizados; de este modo hemos asistido en los últimos decenios a la implantación de medidas y procesos de reciclaje de papel, vidrio, aguas contaminadas … etc, persiguiendo el doble objetivo de proteger el medio ambiente y dotar de un segundo, o tercer, ciclo económico a determinados bienes; llegando, en determinados materiales como el vidrio, a un ciclo contínuo.

Desde este punto vista, como apuntábamos, reutilización sería sinónimo de reciclaje; y así lo expresa, por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .(2) Sin embargo, cuando nos referimos a reutilización de la información titularidad de la administración pública no nos estamos refiriendo a «productos de desecho»; o no a productos de desecho «stricto sensu»; sino a información que ya ha cumplido su ciclo económico original o el fin para el que fué creada; información que todavía puede ser objeto de uso y reuso por parte de la sociedad civil con fines lucrativos o no lucrativos.

Estados Unidos fue el precursor a partir de la Ley de libertad de información de 1966, modificada en 1996 con la Ley de libertad de información electrónica(3), que garantiza el acceso electrónico público a la información administrativa federal. Varias leyes complementan la Ley de libertad de información como la Ley de reducción de los trámites burocráticos(4), la Ley de transparencia del Gobierno y documentos políticos detallados, y la circular A130 del OMB (Office of Management and Budget)(5).

A la normativa estadounidense le seguirán la Ley 19446, de transparencia e información pública del Estado de Jalisco(6), de 20 de diciembre de 2001, la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Puebla, de 16 de agosto de 2004, modificada por Real Decreto de 18 de julio de 2008(7) y, en el ámbito estatal y supraestatal, se promulga en México la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, de 11 de junio de 2002(8) y, en Europa, se inician los trabajos de la Comisión Europea para la redacción de una Directiva que regule la materia por que «Las medidas propuestas crearán nuevas oportunidades para que la industria europea de contenidos aproveche la información del sector público en productos de información con valor añadido, especialmente los que atraviesan las fronteras internas de Europa. Las mayores certidumbre y transparencia estimularán la inversión y la innovación en la sociedad de la información en Europa y reducirán la desventaja competitiva de las empresas europeas en comparación con sus competidoras de los EE.UU. En efecto, el marco claro y coherente de la reutilización de la información del sector público en los EE.UU. ha dado lugar comparativamente a un mercado hasta cinco veces más grande que en la UE.»; trabajos que culminan con la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público.(9)

Adoptaremos, por tanto, a los efectos de este ensayo, la definición legal de la Directiva que en su artículo 2 define el término como:

«El uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron.»

Con exclusión del intercambio de documentos entre diferentes organismos del sector público.

La propia Directiva informa qué se entiende por documento a los efectos de reutilización de documentos del sector público; y lo hace en un sentido amplio, incluyendo en el concepto cualquier formato, en el apartado 3º del artículo 2 citado:

  • «a) cualquier contenido sea cual sea el soporte (escrito en papel o almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual);
  • b) cualquier parte de tal contenido»

Con exclusión explícita (10) de los programas informáticos.

Los objetivos perseguidos por la Directiva 2003/98/CE entroncan con los que expresábamos más arriba como objetivos «secundarios» de la e-administración(11), tal y como se definen en el considerando 25 de la propia norma:

  1. « facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad de la Comunidad,
  2. reforzar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector público por las empresas privadas para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido y
  3. limitar el falseamiento de la competencia en el mercado comunitario. »

El enunciado expreso por parte del legislador comunitario de los objetivos perseguidos con el fomento de la reutilización de documentos del sector público hace decaer los argumentos esgrimidos por ciertos grupos editoriales frente a las leyes de trasposición de la directiva en los Estados Miembros(12) cuando afirman que la puesta a disposición de la sociedad civil (para usos comerciales y no comerciales) de documentos titularidad de la administración pública atenta al principio de libre competencia favoreciendo, en consecuencia, la competencia desleal. Nada más alejado de la realidad. La Directiva 2003/98/CE, que responde – en el marco de los principios fundacionales de la Unión Europea – al fomento del comercio interfronterizo y a potenciar la pujante industria de los contenidos erigiéndose en una norma del nuevo paradigma que ha supuesto el advenimiento de Internet y los nuevos modos y modelos de relacionarnos y establecer relaciones comerciales.(13)

La Directiva de reutilización nació como consecuencia de la regulación clara y precisa de reutilización en USA, que hacía mucho más competitivas a las empresas estadounidenses respecto a las europeas; y a partir de unas previsiones de ingresos – por este concepto – que se cifran entre los 10.000 y los 48.000 millones de €uros(14).

Es significativa, no obstante, la cautela contenida en el considerando noveno cuando se expresa que:

«La presente Directiva no contiene la obligación de autorizar la reutilización de documentos. La decisión de autorizar o no la reutilización corresponderá a los Estados miembros o al organismo del sector público que corresponda…»

Sin embargo, resulta evidente la vocación de cumplimiento(15) de la misma al expresar, al final del citado considerando que:

«Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven.»

En el mismo sentido la previsión contenida en el considerando 22 «in fine» al afirmar:

«No obstante, los organismos del sector público deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.»

La Directiva explicita el ámbito de aplicación de la misma en su artículo 3, estableciendo un «numerus clausus » de exclusiones:

  1. «los documentos cuyo suministro sea una actividad que se salga del ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público afectados.
  2. los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros.
  3. los documentos a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros (seguridad nacional, confidencialidad … etc).
  4. los documentos conservados por las entidades de radiodifusión de servicio público, para el cumplimiento de su misión.
  5. los documentos conservados por instituciones educativas y de investigación y los documentos conservados por instituciones culturales.»

La primera exclusión tiene una motivación meramente pragmática a fin de evitar la sobrecarga de trabajo (y la alteración de la competencia funcional) a los organismos del sector público, la tercera exclusión tiene un marcado componente de respeto a la soberanía nacional de los Estados Miembros, y el resto de exclusiones son la consecuencia lógica de la vocación de la Directiva por cohonestarse con el resto del acervo comunitario, como se expresa en los considerandos 10, 21 y 24, y en el numeral 5º del artículo 1.

No obstante tratarse de una Directiva que se adelanta a su tiempo; o quizás precisamente por ese motivo (17 de noviembre de 2003) puede sorprender al lector del año 2009 el establecimiento de un procedimiento analógico – la tramitación electrónica es potestativa – con plazos de resolución propios del mundo off line con un plazo de veinte días ampliable a otros veinte, en atención a la complejidad, para la entrega al solicitante.(16)


Las condiciones de reutilización (tarifas y licencias)

Merece epígrafe aparte el tratamiento de las condiciones de reutilización(17) por cuanto suponen la superación de las barreras históricas a la reutilización de la información del sector público en la Unión Europea y que, en palabras de Juan Pelegrín(18), se pueden resumir en:

  1. Falta de reglas claras y transparentes
  2. Inexistencia de información sobre las condiciones de reutilización
  3. Mentalidad de organismos del sector público
  4. Competencia desleal
  5. Falta de transparencia
  6. Tarifas muy elevadas

La Directiva dedica el capítulo III a las condiciones de reutilización; determinando en que formato debe estar disponible la información, los principios de tarifación, los requisitos de transparencia, la facultad de empleo de licencias tipo(19) y la creación y puesta a disposición – preferentemente online – de dispositivos prácticos de búsqueda (tales como listados, plataformas de acceso público, buscadores de contenidos distribuidos … etc.).

Trasposición de la Directiva 2003/98/CE a los Estados Miembros (EEMM)

La Directiva 2003/98/CE ha sido objeto de trasposición al ordenamiento interno de los siguientes Estados Miembros(20):

  • Austria.- Bundesgesetz über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen (Informationsweiterverwendungsgesetz –IWG)
  • Bélgica.- Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
  • Bulgaria.- Decree No. 184 ACT: amending the Access to Public Information Act (promulgated in the State Gazette, Issue No. 55/year 2000; amended, SG No. 1 and No. 45/year 2002, SG No. 103/ year 2005, SG Nos. 24, 30, and 59/year 2006)
  • Chipre.- Cyprus Gazette Ap. 4092, 20.10.2006 N. 132(I)/2006 pages 1389-1400 Ι(ΙΙΙ).
  • República Checa.- o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb.
  • Dinamarca.- Lov 596 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.
  • Estonia.- Avaliku Teabe Seadus (1/10/2003)
  • Finlandia.- Existing laws of Finland met the requirements of the Directive 200/98/EC and as a consequence no new laws have been introduced.
  • Francia.- Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques | Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
  • Alemania.- Gesetz über die Weiterverwendungv on Informationenö ffentlicher Stellen (lnformationsweitervenwendnugsgesetz- IWG) | 13/12/2006.
  • Grecia.- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | Law No. 3448/2006 (15/03/2006)
  • Irlanda.- Statutory Instrument No. 279 of 2005 European Communities (Re-use of Public Sector Information) Regulations 2005 (16/06/2005).
  • Italia.- Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006.
  • Letoniia.- Informācijas atklātības likums I nodaļa Vispārīgie jautājumi (22/12/2005).
  • Lituania.- Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo pakeitimo (11/11/2005).
  • Luxemburgo.- Loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public.
  • Malta.- A.L. 20 ta’ l-2007 ATT DWAR L-UNJONI EWROPEA
  • (KAP. 460) Ordni ta’ l-2007 dwar l-U\u mill-[did ta’ Informazzjoni tas-Settur Pubbliku (05/10/2006)
  • Holanda.- Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie. Law 25 (22/12/2005).
  • Portugal.- Ley 46/2007 | Regula o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização (24/08/2007)
  • Rumanía.- Lege No. 109 Privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (25/04/2007).
  • Eslovenia.- The Slovene Re-use legislation | The Slovenian national legislation implementing the Directive 2003/98/EC is: – Slovene Access to Public Information Act (Official Gazette, No. 24/03, 61/05)(30th June 2005) (Articles that specifically govern the re-use of information are the following: Art. 1, 4, 5, 6, 7, 17, 22, 34a, 36 and 36a) and – Decree on the provision of public information (Official Gazette, No. 76/05)(12th August 2005) (Chapter VIII, Articles 22 through 27; Price and other conditions of re-use of public sector information).
  • España.- LEY 37/2007, de 17 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
  • Suecia.- Existing Swedish laws met the requirements of the Directive.
  • Reino Unido.- Statutory Instrument 2005 No. 1515The Re-use of Public Sector Information Regulations 2005 (10/06/2005).

Habiendo sido sancionados los estados de Austria, Belgica, España, Luxemburgo , Portugal, Polonia y Suecia por incumplimiento de su obligación de adoptar en plazo disposiciones de aplicación de la Directiva sobre la reutilización de la información del sector público .

Aún no perteneciendo a la Unión Europea, la Directiva 2003/98/CE ha sido objeto de trasposición a Noruega, Gibraltar, Islandia y Lichtenstein.

LA REUTILIZACION EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

En palabras de Marc de Vries – Legal Analyst ePSIplus – en la reunión del 30 de junio de 2008 en Barcelona (España), se trata de «un ejemplo perfecto»(21). La ley de trasposición de la Directiva 2003/98/CE al ordenamiento jurídico español es la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Consta de once artículos, repartidos en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.

La Ley, al igual que la Directiva 2003/98/CE(22) establece el respeto al resto del ordenamiento jurídico y está en sintonía con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Propiedad Intelectual Española, introducida por Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,(23) y en las DD.AA. XVI(24) y XVII(25) de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.(26)

Se amplía el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley a las Administraciones y organismos del sector público en los términos de la legislación de contratación del sector público(27); si bien, al igual que la Directiva, deja la decisión de autorizar o no la reutilización de los documentos a los propios organismos públicos.

En relación a las condiciones de reutilización se establecen unas pautas potestativas; un «numerus apertus» de condiciones generales que nos recuerdan los derechos morales en materia de derechos de autor (paternidad e integridad):

  • a. Que el contenido de la información no sea alterado.
  • b. Que no se desnaturalice el contenido de la información.
  • c. Que se cite la fuente.
  • d. Que se mencione la fecha de la última actualización.

Condiciones generales que podemos interpretar como una vocación del legislador para hacer extensivos los efectos de esta Ley a los documentos sometidos a la ley de propiedad intelectual; y no sólo a aquellos excluidos de la protección de la normativa de derechos de autor; en sintonía con el párrafo quinto «in fine» del preámbulo de la Ley.(28)

El mismo esquema de «numerus apertus» se emplea en la concreción de la información que deberán incorporar las licencias;(29) si bien, y a diferencia del carácter potestativo de las condiciones generales, el artículo nueve de la Ley es una norma de derecho necesario en atención a su carácter imperativo. La licencia «deberá» reflejar :

  1. «la información relativa a la finalidad concreta, comercial o no comercial, para la que se concede la reutilización,
  2. la duración de la licencia,
  3. las obligaciones del beneficiario y del organismo concedente,
  4. las responsabilidades de uso y
  5. modalidades financieras, indicándose el carácter gratuito o, en su caso, la tasa o precio público aplicable.»

La vocación de cumplimiento de la norma se concreta en la pormenorización de las normas aplicables para el establecimiento de tasas y/o precios públicos, discriminando según la reutilización tenga fines comerciales o no comerciales y, fundamentalmente en el establecimiento de sanciones por incumplimiento, que van desde los 1.000,00 € a los 100.000,00 €, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las meritadas sanciones, atendida la compatibilidad de la Ley con la legislación sobre derechos de autor – y a la que más adelante nos referiremos – no sustituyen las violaciones de derechos de autor en aquellos supuestos en los que los documentos titularidad de la Administración y los organismos públicos sujetos a la norma se encuentren en el ámbito objetivo de protección de la Ley de Propiedad Intelectual (30) que se regirán por su propia normativa; si bien surge la duda de si, en el supuesto de violaciones de los derechos de autor tipificadas en el Código Penal español (31) será de aplicación el principio «ne bis in idem» consagrado en nuestro ordenamiento jurídico; cuestión que – entendemos – deberá tener una respuesta positiva.

Compatibilidad con el resto del ordenamiento jurídico

La Ley 37/2007, de 16 de noviembre debe ser aplicada a la luz del ordenamiento jurídico en su conjunto y los tratados internacionales ratificados por España; y ello dado que la norma afecta a bienes jurídicos de distinta naturaleza; así, por una parte – y a excepción de las exclusiones definidas en el artículo 13 L.P.I. (32) – los documentos protegidos por la normativa de derechos de autor en el ámbito nacional e internacional siempre que la Administración y/o los organismos públicos afectados sean titulares y/o tengan cedidos los derechos de sus legítimos titulares (33); por otra parte puede darse el caso no infrecuente – pensemos en las Resoluciones judiciales – de documentos objeto de reutilización que contengan datos de carácter personal; por lo que el organismo público autorizante deberá velar por suprimir los datos personales de los justiciables o recabar su consentimiento (semejantes cautelas deberán tenerse en cuenta en el supuesto de grabaciones de audio y video); por otra parte, atendida la naturaleza jurídica de la norma y el ámbito subjetivo de la misma – con reenvío expreso a las normas de contratación del sector público y al régimen jurídico y procedimiento administrativo común – en la aplicación de la Ley deberán respetarse los principios rectores del derecho administrativo; así como la legislación específica protectora de los discapacitados.(34)

Aunque no se menciona de forma expresa en la Ley, la vocación de cumplimiento de la misma expresada en el párrafo 5º «in fine» del preámbulo(35) – en sintonía con el considerando 22 de la Directiva 2003/98/CE (36) – no obstante dejar la decisión de autorizar o no la reutilización a las Administraciones y organismos públicos; así como las normas de contratación en línea consagradas en los artículos 23 y 24 de la Ley 34/2.002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico(37), que imponen la obligación para los organismos públicos autorizantes de establecer – en los supuestos de puesta a disposición por medios electrónicos – licencias ajustadas a Derecho; ésto es, contratos en línea(38) que permitan guardar copia de los mismos a las personas físicas o jurídicas autorizadas; y donde se expresen los requisitos del artículo 9 (en los casos de documentos excluidos de protección por la Ley de Propiedad Intelectual); y verdaderos acuerdos de licencia(39) con referencia – además – al ámbito temporal y territorial y el alcance, en su caso, de los derechos de explotación cedidos (para el supuesto de documentos susceptibles de reutilización que, al tiempo, gocen de la protección otorgada por la normativa nacional e internacional de derechos de autor).

A mayor abundamiento, es obligado poner en relación esta norma con las Disposiciones Adicionales XVI y XVII de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, que se cohonestan con el párrafo 5º «in fine» del preámbulo al que nos hemos referido anteriormente.

Una crítica contructiva

La norma española no se detiene en el hecho incontestable de que todo cambio en el formato de los documentos/ información supone una transformación; de donde se deriva una doble problemática:

  • a) – En aquellas licencias/ acuerdos de licencia(40) en las que no se autorice la transformación de la información/ documentos los reutilizadores vendrán obligados a respetar el formato en que se les entregó la información/ documento; lo cual puede representar un obstáculo a su comercialización.
  • b) – En las que sí se autorice la transformación existe el riesgo de que el reutilizador emplee formatos no interoperables y/o no accesibles y/o no basados en estándares; con lo cual la información/ documento reutilizada acabaría su ciclo económico con dicha transformación vulnerando el espíritu de la ley.

La solución a ambos problemas viene de la aplicación analógica de otras normas del ordenamiento jurídico español intimamente relacionadas – como hemos visto a lo largo de este ensayo – con la reutilización de la información del sector público; así, las DD.AA. XIV, XVI y XVII de la Ley 56/2003, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información, de la Ley 11/2007,(41) y del preámbulo de la propia Ley de reutilización; mediante la inserción de cláusulas en las licencias/ acuerdos de licencia que permitan la transformación del formato y, al tiempo, impongan al reutilizador el uso de estándares que respondan a los principios de interoperabilidad y accesibilidad de la información/ documentos reutilizada.

La cláusula propuesta (adoptada ya en los acuerdos de licencia ColorIURIS AZUL(42) es la siguiente:

«Se autoriza la transformación técnica (formato) siempre y cuando la transformación técnica se verifique con respeto a los principios de interoperabilidad y accesibilidad, usando estándares abiertos, conformes a la normativa vigente, que permitan su reutilización.»

Con la inserción de cláusulas como la enunciada las licencias/ acuerdos de licencia responderán adecuadamente al espíritu de la Ley y al ordenamiento jurídico en su conjunto; evitando monopolios y distorsiones no queridas de la libre competencia y, por ende, de la libre circulación de la información y la cultura generadas por los organismos del sector público.

NORMAS DEL NUEVO PARADIGMA

Probablemente el primer axioma al que se enfrenta un estudiante de primero de Derecho es que «el derecho va siempre por detrás de la realidad social»; y, probablemente, esta afirmación sea cierta en la mayor parte de las ocasiones, fundamentalmente en materia de derecho penal en donde, a diferencia de otras ramas de nuestro ordenamiento, no es posible acudir a la «analogia legis» ni a los principios generales del Derecho para resolver los problemas y las nuevas formas de relacionarnos en un mundo – cada vez más – cambiante.

Por ello sorprende que en el año 1996 los U.S.A. con la Ley de libertad de información electrónica, en 2002 México, con la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y en 2003 la Unión Europea con la Directiva 2003/98/CE dictaran las que me atrevería a denominar – junto a las normas en materia de protección de datos de carácter personal – primeras normas del nuevo paradigma. La Ley de libertad de información electrónica, la Ley federal de transparencia y la Directiva, en los albores de Internet, perciben ya la necesidad – social y económica – de poner la información en poder de la Administración pública a disposición de la sociedad civil; y comprenden la importancia de dotar a ese ingente material (sometido o no a la protección de derechos de autor) de una regulación que permita, en armonía con el resto de normas nacionales e internacionales, la libre circulación de la información y la cultura; y todo ello al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagró en su artículo 27(43) – ya en el año 1948 – el derecho de acceso universal a la información y a la cultura en armonía con la protección de los derechos de autor (del mismo modo que el artículo 12 (44) de la citada Declaración Universal se erigió en precursor de las más recientes normas de protección del Derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa).

En el caso de España la Ley de trasposición viene «acompañada» de otras normas que refuerzan la vocación hacia la reutilización; llegando – incluso – más lejos que la propia Directiva 2003/98/CE. Nos referimos a las Disposiciones Adicionales XIV(45), XVI y XVII de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre que se abordan ámbitos no contemplados en la Directiva de constante referencia; tales como la reutilización de los programas de ordenador – excluídos explícitamente del ámbito objetivo de la Directiva – y la, tímida para algunos, invitación a la sociedad civil a sumarse, en materia de obras protegidas por la normativa internacional de derechos de autor, a la filosofía de la libre circulación de la información y la cultura; y a la Disposición Adicional Tercera(46) de la Ley de Propiedad Intelectual, según la reforma operada por la LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (que está en sintonía con las previsiones de la Directiva 2003/98/CE y la Ley 37/2007 ….).

ANEXO 1

Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003 relativa a la reutilización de la información del sector público

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión(1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),

Considerando lo siguiente:

(1) El Tratado prevé la creación de un mercado interior y de un sistema que impida el falseamiento de la competencia en dicho mercado interior. La armonización de las normas y prácticas de los Estados miembros en relación con la explotación de la información del sector público contribuye a la consecución de estos objetivos.

(2) La evolución hacia la sociedad de la información y del conocimiento afecta a la vida de todos los ciudadanos de la Comunidad, en particular al permitirles contar con nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento.

(3) Los contenidos digitales desempeñan un papel importante en esta evolución. La producción de contenidos ha dado lugar durante los últimos años, y sigue haciéndolo actualmente, a un fenómeno de rápida creación de empleo. La mayor parte de estos puestos de trabajo los crean pequeñas empresas emergentes.

(4) El sector público recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información relativa a numerosos ámbitos, por ejemplo información social, económica, geográfica, meteorológica o turística y sobre empresas, patentes y educación.

(5) Uno de los principales objetivos del establecimiento de un mercado interior es la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Comunidad. La información del sector público constituye una materia prima importante para diversos productos y servicios de contenidos digitales y se convertirá en un recurso cada vez más importante con el desarrollo de los servicios inalámbricos de contenidos. En este contexto, será asimismo esencial una amplia cobertura geográfica transfronteriza. Una más amplia posibilidad de la reutilización de documentos del sector público debe permitir, entre otras cosas, a las empresas europeas aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo.

(6) Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas y prácticas de explotación de los recursos de información del sector público. Estas diferencias constituyen barreras que obstaculizan el aprovechamiento pleno de las posibilidades económicas de este recurso esencial. La tradición de explotación por organismos del sector público de información de dicho sector ha tenido un desarrollo muy diverso, lo que se ha de tener en cuenta Debe llevarse a cabo, por tanto, una armonización mínima de las normas y prácticas nacionales en materia de reutilización de los documentos del sector público en los casos en que las diferencias entre las normas y las prácticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Comunidad.

(7) Además, en ausencia de una armonización mínima a nivel comunitario, las actividades legislativas a nivel nacional, iniciadas ya en algunos Estados miembros ante la necesidad de dar respuesta a los retos tecnológicos, podrían dar lugar a discrepancias todavía más importantes. Las consecuencias de estas discrepancias legislativas y de esta incertidumbre irán acentuándose con el futuro desarrollo de la sociedad de la información, que ha ocasionado ya una fuerte intensificación de la explotación transfronteriza de la información.

(8) Se necesita disponer de un marco general para las condiciones de reutilización de los documentos del sector público con el fin de garantizar que dichas condiciones sean equitativas, proporcionadas y no discriminatorias. Los organismos del sector público recogen, producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo su labor de servicio público. La utilización de dichos documentos por otros motivos constituye una reutilización. Las políticas de los Estados miembros podrán ir más allá de las normas mínimas establecidas en la presente Directiva, permitiendo así una reutilización más amplia.

(9) La presente Directiva no contiene la obligación de autorizar la reutilización de documentos. La decisión de autorizar o no la reutilización corresponderá a los Estados miembros o al organismo del sector público que corresponda. La presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan accesibles con fines de reutilización cuando los organismos del sector público suministren con licencia, vendan, difundan, intercambien o entreguen información. Para evitar las subvenciones cruzadas, la reutilización incluye la utilización posterior de los documentos dentro del propio organismo para actividades distintas de la misión de servicio público. Entre las actividades ajenas a la misión de servicio público, un ejemplo típico es el suministro de documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado. La definición de documento no pretende incluir los programas informáticos. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. La presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas sólo puedan obtener un documento si pueden demostrar un interés particular. A nivel comunitario, los artículos 41 (derecho a una buena administración) y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de todo ciudadano de la Unión y de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización.

(10) Las definiciones de organismo del sector público y de organismo de Derecho público proceden de las Directivas sobre contratos públicos [92/50/CEE(5), 93/36/CEE(6), 93/37/CEE(7) y 98/4/CE(8)]. Estas definiciones no abarcan a las empresas públicas.

(11) La presente Directiva establece una definición genérica del término documento, acorde con la evolución de la sociedad de la información. Abarca todas las formas de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual), conservados por los organismos del sector público. Se considera documento conservado por un organismo del sector público todo documento cuya reutilización puede ser autorizada por dicho organismo del sector público.

(12) Los plazos de respuesta a las solicitudes de reutilización de los documentos deben ser razonables y estar en consonancia con los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso al documento en virtud del régimen correspondiente de acceso. La fijación de plazos razonables en toda la Unión estimulará la creación de nuevos productos y servicios de información agregada a escala paneuropea. Una vez aceptada la solicitud de reutilización, los organismos del sector público deben poner a disposición los documentos en un plazo que permita explotar plenamente el potencial económico de dichos documentos. Esto es particularmente importante para el contenido dinámico de la información (por ejemplo, información sobre el tráfico), cuyo valor económico depende de su puesta a disposición inmediata y de una actualización regular. Cuando se utilice una licencia, el plazo en que los documentos se ponen a disposición puede ser parte integrante de las condiciones de la licencia.

(13) Las posibilidades de reutilización pueden mejorarse si se limita la necesidad de digitalizar documentos existentes en papel o de manipular los archivos digitales para hacerlos mutuamente compatibles. Así pues, los organismos del sector público deben ofrecer los documentos en todos los formatos o lenguas preexistentes, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno. También deben contemplar favorablemente las solicitudes de expedición de extractos de un documento existente, siempre que no conlleven más que una simple manipulación. Sin embargo, los organismos del sector público no deben estar obligados a proporcionar extractos de documentos cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado. Con el fin de facilitar la reutilización, los organismos del sector público deben poner a disposición sus propios documentos en un formato que, en la medida de lo posible y si es adecuado, no dependa de la utilización de programas específicos. Siempre que sea posible y adecuado, los organismos del sector público deben tener en cuenta las posibilidades de reutilización de los documentos por personas con discapacidad y a ellas destinados.

(14) Cuando se impongan tarifas, el total de los ingresos no debe superar los costes totales de recogida, producción, reproducción y difusión de los documentos, y la obtención de un margen de beneficio razonable, teniendo debidamente en cuenta, en su caso, las exigencias de autofinanciación del organismo público de que se trate. Se incluyen en la producción la creación y la recogida, y en la difusión podría también incluirse la asistencia al usuario. La recuperación de los costes, junto con un margen de beneficio razonable, conforme a los principios contables aplicables y al método pertinente de cálculo de los costes del organismo público de que se trate, determina el límite superior de las tarifas, ya que es necesario evitar un precio excesivo. El límite superior para las tarifas establecido en la presente Directiva no afectará al derecho de los Estados miembros o de los organismos del sector público de aplicar tarifas inferiores o no aplicarlas en absoluto, y los Estados miembros deben instar a los organismos del sector público a ofrecer los documentos a tarifas que no superen los costes marginales de reproducción y difusión de los documentos.

(15) Garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector público sean claras y estén a disposición del público constituye una condición previa para el desarrollo de un mercado de la información que abarque la totalidad de la Comunidad. Por consiguiente, debe informarse claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones aplicables a la reutilización de documentos. Los Estados miembros deben alentar la creación de índices accesibles en línea, cuando sea oportuno, de los documentos disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Los solicitantes de la reutilización de documentos deben estar informados de las vías de recurso de las que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten. Ello es particularmente importante para las PYME, que pueden no estar acostumbradas a relacionarse con organismos del sector público de otros Estados miembros y desconocen las vías de recurso de las que disponen.

(16) La publicidad de todos los documentos de libre disposición que obran en poder del sector público -referentes no sólo a los procedimientos políticos, sino también a los judiciales y administrativos- es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia. Este objetivo es aplicable a las instituciones tanto a nivel local como nacional o internacional.

(17) En determinados casos, la reutilización de documentos se hará sin que se haya concedido una licencia. En otros casos, se expedirá una licencia que imponga a su titular una serie de condiciones de reutilización referidas a cuestiones como la responsabilidad, el uso correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Si los organismos del sector público conceden licencias para la reutilización de documentos, las condiciones de la licencia deben ser justas y transparentes. Las licencias modelo disponibles en línea pueden desempeñar asimismo un papel importante al respecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben procurar que estén a disposición licencias modelo.

(18) Cuando la autoridad competente decida no seguir permitiendo la reutilización de determinados documentos, o dejar de actualizarlos, debe hacer públicas estas decisiones en el plazo más breve y, si ello es posible, por vía electrónica.

(19) Las condiciones de reutilización no deben ser discriminatorias para tipos comparables de reutilización. Esto no debe impedir, por ejemplo, el intercambio gratuito de información entre organismos del sector público cuando estos organismos desempeñen sus misiones de servicio público, mientras que otras partes deban abonar una tarifa por la reutilización de los mismos documentos. Esto tampoco debe impedir la adopción de una política de tarifas diferenciada para la reutilización comercial y no comercial.

(20) Los organismos del sector público deben tomar en consideración las normas de competencia al establecer los principios para la reutilización de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos entre ellos mismos y socios particulares. No obstante, con vistas a la prestación de un servicio de interés económico general, puede resultar a veces necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del sector público. Tal puede ser el caso si ningún editor comercial está dispuesto a publicar la información de no concedérsele derechos exclusivos.

(21) La presente Directiva se debe incorporar al Derecho interno y aplicar de forma que se cumplan plenamente los principios relativos a la protección de los datos personales, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(9).

(22) La presente Directiva no afecta a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Para evitar confusiones, se entenderá por derechos de propiedad intelectual únicamente los derechos de autor y derechos afines (incluidas las formas de protección sui generis). La presente Directiva no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad industrial como las patentes, los diseños y las marcas registradas. La presente Directiva tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los organismos del sector público ni a su posesión por éstos, ni restringe en modo alguno el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos por la presente Directiva. Las obligaciones impuestas por la presente Directiva sólo deben aplicarse en la medida en que las mismas sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC). No obstante, los organismos del sector público deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.

(23) Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de los documentos disponibles para su reutilización, así como las condiciones de reutilización, pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza de los documentos del sector público. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos prácticos que ayuden a los reutilizadores en su búsqueda de documentos para su reutilización. Listados, de acceso en línea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los dispositivos prácticos mencionados.

(24) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información(10), así como en la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos(11). Detalla las condiciones en las que los organismos del sector público pueden ejercer sus derechos de propiedad intelectual en el mercado interior de la información cuando permitan la reutilización de documentos.

(25) Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad de la Comunidad, reforzar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector público por las empresas privadas para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido y limitar el falseamiento de la competencia en el mercado comunitario, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y los efectos intrínsecamente comunitarios de dicha acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. La presente Directiva debe alcanzar una mínima armonización, evitando así que se acentúen las disparidades entre los Estados miembros en el tratamiento de la cuestión de la reutilización de los documentos del sector público.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:


CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece un conjunto mínimo de normas que regulen la reutilización y los instrumentos prácticos que faciliten la reutilización de los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los Estados miembros.

2. La presente Directiva no se aplicará a:

a) los documentos cuyo suministro sea una actividad que se salga del ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público afectados, definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro o, en su ausencia, definida en consonancia con la práctica administrativa común del Estado miembro de que se trate;

b) los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros;

c) los documentos a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros, por motivos, entre otros, de:
– protección de la seguridad nacional (esto es, seguridad del Estado), defensa o seguridad pública,
– confidencialidad estadística o comercial;

d) los documentos conservados por las entidades de radiodifusión de servicio público y sus filiales, y por otras entidades o sus filiales para el cumplimiento de una misión de radiodifusión de servicio público;

e) los documentos conservados por instituciones educativas y de investigación, tales como centros escolares, universidades, archivos, bibliotecas y centros de investigación, con inclusión, si procede, de organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la investigación;

f) los documentos conservados por instituciones culturales tales como museos, bibliotecas, archivos, orquestas, óperas, ballets y teatros.

3. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros sin afectarlos de forma alguna. La presente Directiva no será aplicable a aquellos casos en que ciudadanos o empresas deban demostrar, en virtud del régimen de acceso, un interés particular para poder acceder a los documentos.

4. La presente Directiva no menoscaba ni afecta en modo alguno el nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales con arreglo a las disposiciones del Derecho comunitario y nacional, y, en particular, no altera las obligaciones ni los derechos establecidos en la Directiva 95/46/CE.

5. Las obligaciones de la presente Directiva se aplicarán únicamente en la medida en que las obligaciones impuestas sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna y el Acuerdo ADPIC.

Artículo 2
Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) organismo del sector público: el Estado, los entes territoriales, los organismos de derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de Derecho público;

2) organismo de Derecho público: cualquier organismo:

  • a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tenga carácter industrial o mercantil;
  • b) dotado de personalidad jurídica, y
  • c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichos organismos, o que tenga un órgano de administración, dirección o supervisión más de la mitad de cuyos miembros sean designados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público;

3) documento:

  • a) cualquier contenido sea cual sea el soporte (escrito en papel o almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual);
  • b) cualquier parte de tal contenido;

4) reutilización: el uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron. El intercambio de documentos entre organismos del sector público en el marco de sus actividades de servicio público no se considerará reutilización;

5) datos personales: los datos definidos en la letra a) del artículo 2 de la Directiva 95/46/CE.

Artículo 3
Principio general

Los Estados miembros velarán por que, cuando se autorice la reutilización de documentos conservados por organismos del sector público, dichos documentos puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones expuestas en los capítulos III y IV. En la medida de lo posible, los documentos se pondrán a disposición del público por medios electrónicos.


CAPÍTULO II SOLICITUDES DE REUTILIZACIÓN

Artículo 4
Requisitos para el tratamiento de solicitudes de reutilización

1. Los organismos del sector público tramitarán, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno, las solicitudes de reutilización y pondrán el documento a disposición del solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos.

2. Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la entrega oportuna de los documentos, los organismos del sector público tramitarán la solicitud y entregarán los documentos al solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo no superior a 20 días hábiles, a partir del momento de su recepción. Este plazo podrá ampliarse en otros 20 días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales casos, se notificará al solicitante en el curso de las tres semanas siguientes a la solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla.

3. En caso de adoptarse una decisión negativa, los organismos del sector público comunicarán al solicitante los motivos de la denegación sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 1 o el artículo 3. Si la decisión negativa se basa en la letra b) del apartado 2 del artículo 1, el organismo del sector público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando ésta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión.

4. Las decisiones negativas deberán contener una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante.

5. Los organismos del sector público a que se refieren las letras d), e) y f) del apartado 2 del artículo 1 no estarán obligados a cumplir lo dispuesto en el presente artículo.

CAPÍTULO III CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN

Artículo 5
Formatos disponibles

1. Los organismos del sector público facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno. Esto no significa que los organismos del sector público estén obligados a crear documentos o a adaptarlos para satisfacer una solicitud o a facilitar, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado, extractos de documentos cuando ello conlleve algo más que una simple manipulación.

2. Con arreglo a la presente Directiva, no podrá exigirse a los organismos del sector público que mantengan la producción de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

Artículo 6
Principios de tarifación

Cuando se aplique una tarifa, los ingresos totales obtenidos por la entrega y por permitir la reutilización de un documento no deberán superar el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se deberán basar en los costes durante un ejercicio contable apropiado, y deberán calcularse conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.

Artículo 7
Transparencia

Las condiciones aplicables, así como las tarifas normales por reutilización de documentos conservados por organismos del sector público deberán ser fijadas y publicadas de antemano, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno. Previa solicitud, el organismo del sector público indicará la base de cálculo utilizada para las tarifas públicas. El organismo del sector público de que se trate deberá también indicar qué factores se tendrán en cuenta en el cálculo de las tarifas para casos atípicos. Los organismos del sector público asegurarán que los solicitantes de reutilización de documentos estén informados de las vías de recurso de que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten.

Artículo 8
Licencias

1. Los organismos del sector público podrán autorizar la reutilización de documentos sin condiciones o bien podrán imponer condiciones, en su caso a través de una licencia, teniendo en cuenta los aspectos pertinentes. Estas condiciones no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se usarán para restringir la competencia.

2. En los Estados miembros en que se utilicen licencias, los Estados miembros velarán por que las licencias modelo para la reutilización de documentos del sector público, que podrán adaptarse para responder a solicitudes concretas de licencia, estén disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente. Los Estados miembros alentarán a todos los organismos del sector público a que utilicen las licencias modelo.

Artículo 9
Dispositivos prácticos

Los Estados miembros asegurarán la existencia de dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados, de acceso en línea preferentemente, de los documentos más importantes, y portales conectados a listados descentralizados.

CAPÍTULO IV NO DISCRIMINACIÓN Y PRÁCTICAS COMERCIALES JUSTAS

Artículo 10
No discriminación

1. Las condiciones que se apliquen para la reutilización de un documento no deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.

2. Si un organismo del sector público reutiliza los documentos como base para sus actividades comerciales ajenas a su misión de servicio público, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas actividades las mismas tarifas y condiciones que se apliquen a los demás usuarios.

Artículo 11
Prohibición de los acuerdos exclusivos

1. La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, deberá reconsiderarse periódicamente, y en todo caso cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo. Los acuerdos exclusivos establecidos tras la entrada en vigor de la presente Directiva deberán ser transparentes y ponerse en conocimiento del público.

3. Los acuerdos exclusivos existentes a los que no se aplique la excepción contemplada en el apartado 2 concluirán cuando expire el contrato o, en cualquier caso, no más tarde del… de diciembre de 2008.

CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES

Artículo 12
Incorporación al Derecho interno

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el… de junio de 2005. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 13
Revisión

1. La Comisión llevará a cabo una revisión de la aplicación de la presente Directiva antes del… de junio de 2008 y comunicará los resultados de dicha revisión, junto con eventuales propuestas de modificación de la Directiva, al Parlamento Europeo y al Consejo.

2. En dicha revisión se abordará en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones de la presente Directiva, señalando la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público, los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, así como otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la industria europea de contenidos.

Artículo 14
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 15
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 17 de noviembre de 2003.
Por el Parlamento Europeo
P. Cox
El Presidente
Por el Consejo
G. Alemanno
El Presidente

(1) DO C 227 E de 24.9.2002, p. 382.
(2) DO C 85 de 8.4.2003, p. 25.
(3) DO C 73 de 26.3.2003, p. 38.
(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2003 (no publicada aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 26 de mayo de 2003 (DO C 159 E de 8.7.2003. p. 1) y Posición del Parlamento Europeo de 25 de septiembre de 2003 (no publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 27 de octubre de 2003.
(5) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE de la Comisión (DO L 285 de 29.10.2001, p. 1).
(6) DO L 199 de 9.8.1993, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.
(7) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/78/CE.
(8) DO L 101 de 1.4.1998, p. 1.
(9) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(10) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
(11) DO L 77 de 27.3.1996, p. 20.


Contrato Coloriuris

NOTAS AL PIE

  1. http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
  2. http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/separacion_residuos_reciclado.php?menu_id=10650 | «La mejor manera de tener un medio ambiente sano es reduciendo el consumo de sustancias contaminantes y de artículos innecesarios, y reutilizar todo lo que sea posible. La reutilización implica valorar los materiales extraídos de la naturaleza y el trabajo humano que viene incluido en cada objeto que utilizamos.»
  3. The freedom of information act – 5 U.S.C. 552 | http://www.usdoj.gov/oip/foiastat.htm
  4. Paperwork Reduction Act of 1995 | http://www.cio.gov/documents/paperwork_reduction_act_1995.html
  5. Circular No. A-130 provides uniform government-wide information resources management policies as required by the Paperwork Reduction Act of 1980, as amended by the Paperwork Reduction Act of 1995, 44 U.S.C. Chapter 35. This Transmittal Memorandum contains updated guidance on the «Security of Federal Automated Information Systems,» Appendix III and makes minor technical revisions to the Circular to reflect the Paperwork Reduction Act of 1995 (P.L. 104-13). The Circular is reprinted in its entirety for convenience. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/omb/circulars/a130/a130.html
  6. http://www.proyectoinfomex.org.mx/docs/Estados/Jalisco/Antecedentes/LeyTransparencia_Jalisco.pdf
  7. http://www.puebla.gob.mx/docs//transparencia/98182.pdf
  8. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/141.htm?s=
  9. La Directiva 2003/98/CE es la norma pionera en el ámbito internacional, por lo que se tomará como referente en el análisis objeto de este capítulo respecto de la reutilización de los documentos del sector público, sus objetivos y requisitos.
  10. Considerando 9º de la Directiva 2003/98/CE
  11. los poderes públicos deben erigirse en locomotora de la sociedad de la información y contribuir a la generación de riqueza.
  12. Estados Miembros de la Unión Europea.
  13. Ciertamente sorprende la visión del legislador comunitario que, ya en el año 2003, se adelantó a las necesidades de la sociedad en el nuevo paradigma.
  14. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/814&format=HTML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en
  15. Esta aparente contradicción de mensajes en el mismo considerando es habitual en textos elaborados por la Unión Europea cuando se adentra en cuestiones innovadoras buscando más la concienciación de los Estados Miembros que la imposición a ultranza de la norma.
  16. A mi entender la cuestión ha sido superada en España con la promulgación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
  17. Ya contempladas en la legislación de U.S.A.
  18. Juan Pelegrín (C.E.) | Barcelona, 30 de junio de 2008
  19. Entiendo que en los supuestos de documentos sujetos a derechos de autor titularidad del propio organismo público, el instrumento jurídico empleado – en consonancia con la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos – debe ser el acuerdo de licencia, compatible con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna y el Acuerdo ADPIC.
  20. http://www.epsiplus.net/reports/member_state_eea_efta_transpositions
  21. http://www.epsiplus.net/news/a_perfect_example Opening up the national legal content resources (legislation, court decisions), Spain serves as a perfect example of how clear policy decisions impact potential PSI re-use. This was one of the main conclusions arising from the forum discussions held in the context of the Spanish national meeting titled – Public sector information re-use in Spain, that took place on 30 June 2008 in Barcelona and attended by 40 delegates. The events was kindly hosted by the ePSIplus national representative for Spain Mr Agustí Cerrillo Martínez, Professor at the Universitat Oberta de Catalunya in further collaboration with Ministerio de Industria, Comercio y Turismo and el Institut Cartogràphic de Catalunya.Bringing together the full value chain of legal PSI – policy makers, public sector producers, private sector re-users and private sector secondary re-users – there was a general feeling that Spain serves as a best practice in this field. The basis for this success is that fact that the Spanish government (responsible for the judiciary) has accepted its responsibility towards the re-users by taking clear and consistent political decisions over time, thus creating certainty as to what the public sector data holders will offer and what not – thus creating a clear distinction between the public task and the market activities – and what conditions apply. As a consequence re-users have been able to rely on this, which has allowed them to take thought through business (development) decisions.However, it also became apparent that there are still some tensions between the various players in the value chain, in particular that related to the pricing of PSI. Mr Lluis Faus – CEO of vLex, an innovative legal publisher – stressed the importance of constant monitoring and assessment of price setting by the government (responsible for the judiciary), as it will significantly impact the chances for SME’s to enter the market: “The Spanish government has taken the first steps, which has been of paramount importance; now it needs to guard that the potential can be exploited by the market”. España revela la cadena de valor jurídico de la ISP – Barcelona 30 de Junio de 2008.- La apertura del contenido de los recursos jurídicos nacionales (legislación, esto es las decisiones de los tribunales),en España es un ejemplo perfecto de cómo las decisiones de política clara impactan potencialmente en la reutilización de la ISP. Esta fue una de las principales conclusiones derivadas de los debates del foro celebrado en el marco de la reunión nacional español titulado – La reutilizacion de la información del sector público en España, que tuvo lugar el 30 de junio de 2008 en Barcelona y al que asistieron 40 delegados. Los acontecimientos fueron acogidos por el representante nacional ePSIplus para España Sr. Agustí Cerrillo Martínez, Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya en una mayor colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto Cartográfico de Cataluña.Reuniendo a toda la cadena de valor jurídico de la PSI – los encargados de formular políticas, los productores del sector público, reutlizadores del sector privado y secundaria del sector privado reutilizadores – existe un sentimiento general de que España hace una buena práctica en este campo. La base de este éxito es el hecho de que el gobierno español (responsable del poder judicial) ha aceptado su responsabilidad hacia el restablecimiento de los usuarios, teniendo claro y coherente las decisiones políticas en el tiempo, creando así la certeza en cuanto a lo que el sector público se refiere, y los titulares de los datos ofrecen y lo que no, – lo que crea una distinción clara entre la función pública y las actividades en el mercado – y qué condiciones se aplican. Como consecuencia,los reutilizadores, han sido capaces de confiar en esto, que les ha permitido tener en el pensamiento a través de la actividad comercial (desarrollo) las decisiones.Sin embargo, también puso de manifiesto que todavía existen algunas tensiones entre los diferentes factores de la cadena de valor, en particular la relativa a la fijación de precios de la ISP. El Sr. Lluis Faus – Director General de vLex, un innovador editor jurídico – subrayó la importancia de la constante supervisión y evaluación de la fijación de precios por el gobierno (responsable de la judicatura), ya que inciden significativamente en las posibilidades de las PYME a entrar en el mercado: «El Gobierno español ha dado los primeros pasos, que han sido de suma importancia, ahora es necesario para proteger el potencial que puede ser explotado por el mercado”.
  22. Artículo 1 – Objeto y ámbito de aplicación.– 4. La presente Directiva no menoscaba ni afecta en modo alguno el nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales con arreglo a las disposiciones del Derecho comunitario y nacional, y, en particular, no altera las obligaciones ni los derechos establecidos en la Directiva 95/46/CE. Las obligaciones de la presente Directiva se aplicarán únicamente en la medida en que las obligaciones impuestas sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna y el Acuerdo ADPIC.
  23. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/12308
  24. Disposición adicional decimosexta. Contenidos digitales de titularidad pública para su puesta a disposición de la sociedad.- Siempre que por su naturaleza no perjudique al normal funcionamiento de la Administración, ni afecte al interés público o al interés general, los contenidos digitales o digitalizados de que dispongan las Administraciones Públicas, cuyos derechos de propiedad intelectual le pertenezcan sin restricciones o sean de dominio público, serán puestos a disposición del público, en los términos legalmente establecidos, de forma telemática sin restricciones tecnológicas, para su uso consistente en el estudio, copia o redistribución, siempre que las obras utilizadas de acuerdo con lo anteriormente señalado citen al autor y se distribuyan en los mismos términos.
  25. Disposición adicional decimoséptima. Cesión de contenidos para su puesta a disposición de la sociedad.- Las personas físicas o jurídicas podrán ceder sus derechos de explotación sobre obras para que una copia digitalizada de las mismas pueda ser puesta a disposición del público de forma telemática, sin restricciones tecnológicas o metodológicas, y libres para ser usado con cualquier propósito, estudiados, copiados, modificados y redistribuidos, siempre que las obras derivadas se distribuyan en los mismos términos.
  26. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/22440
  27. Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector público.
  28. Que reproduce «mutatis mutandi» el considerando 22 de la Directiva 2003/98/CE.
  29. Licencia en sentido estricto, entendida como autorización administrativa.
  30. Artículos 10 y 13 del R.D. Leg. 1/1996, de 12 de abril.
  31. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
  32. Artículo 13. Exclusiones.No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.
  33. De otro modo dichos documentos quedarían fuera del ámbito objetivo de la Ley.
  34. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  35. «No obstante, las instancias públicas deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.»
  36. Las obligaciones impuestas por la presente Directiva sólo deben aplicarse en la medida en que las mismas sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC). No obstante, los organismos del sector público deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.
  37. Artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica.- 1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial. 2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. 3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. 4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones. Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o para la producción de determinados efectos la forma documental pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación específica. Artículo 24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica. 1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico. Cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados electrónicamente se estará a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental.
  38. Según el preámbulo de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de impulso de la sociedad de la información: «En materia de contratación electrónica se realiza un ajuste de la redacción actual del artículo 24 a fin de incluir una remisión expresa a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y destacar así el especial valor probatorio de los contratos electrónicos que sean celebrados mediante el uso de instrumentos de firma electrónica.»
  39. Conforme a la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
  40. Según nos encontremos ante información protegida o no por la Ley de propiedad intelectual.
  41. LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
  42. http://www.coloriuris.net/es:ciazul
  43. Artículo 27.- 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.2.-Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
  44. Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
  45. DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA Transferencia tecnológica a la sociedad. El Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (CENATIC), en colaboración con los centros autonómicos de referencia y con el Centro de Transferencia de Tecnología entre Administraciones Públicas de la Administración General del Estado, se encargara de la puesta en valor y difusión entre entidades privadas y la ciudadanía en general, de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas de fuentes abiertas por las administraciones públicas, haciendo llegar a los autores o comunidades de desarrollo cualquier mejora o aportación que sea realizada sobre las mismas. Asimismo, el CENATIC se encargará del asesoramiento general sobre los aspectos jurídicos, tecnológicos y metodológicos más adecuados para la liberación del software y conocimiento.
  46. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA – Fomento de la difusión de obras digitales.- El Gobierno favorecerá la creación de espacios de utilidad pública y para todos, que contendrán obras que se hallen en dominio público en formato digital y aquellas otras que sean de titularidad pública susceptibles de ser incorporadas en dicho régimen, prestando particular atención a la diversidad cultural española. Estos espacios serán preferentemente de acceso gratuito y de libre acceso por sistemas telemáticos, mediante estándares de libre uso y universalmente disponibles. Asimismo, a estos espacios podrán incorporarse las obras cuyos autores así lo manifiesten expresamente.

Privado: La reutilización de contenidos titularidad de la administración pública en el marco de la e-administración

Indice:

  1. Introducción
  2. Reutilización de la información del sector público (ISP) | Especial referencia a la Directiva 2003/98/CE.Las condiciones de reutilización (tarifas y licencias).
  3. Trasposición de la Directiva 2003/98/CE a los Estados Miembros de la Unión Europea.
  4. La reutilización en el ordenamiento jurídico español.
    • Compatibilidad con el resto del ordenamiento jurídico.
    • Una crítica constructiva.
  5. Normas del nuevo paradigma
  6. Anexo 1: Texto de la Directiva 2003/98/CE


Contrato Coloriuris

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